El fiscal añade 6.000 de indemnización a 42 víctimas de estafa en sus casas de Bollullos.

El fiscal ha mantenido hoy su petición de nueve años de cárcel para un promotor inmobiliario, acusado de estafar a 42 familias en la compra de sus casas en nuestro pueblo, al que ha exigido la devolución de lo estafado y otros 6.000 euros a cada comprador por el daño moral causado.

La Sección Séptima de la Audiencia ha dejado hoy visto para sentencia el juicio contra el promotor J.M.R.C., cuya defensa ha culpado de los retrasos en la construcción a la existencia de una vía pecuaria que debía respetarse y ha asegurado que todos los gestos del acusado demuestran su búsqueda de soluciones.

La Fiscalía ha mantenido su petición de nueve años de cárcel por un delito continuado de estafa y ha exigido, junto a la devolución de los 800.000 euros presuntamente estafados a 42 compradores, una indemnización de otros 6.000 euros por el daño moral. Las viviendas se encuentran en las urbanizaciones "El Mirador" y "El Majuelo" y los afectados son en su mayor parte trabajadores que pensaban destinar la vivienda a primera residencia, por lo que la estafa "les destrozó la vida, en un daño que no puede ser restituido", han dicho sus abogados al tribunal.

En la primera de las promociones, el acusado comprometió en diciembre de 1999 la compra de una finca que finalmente no fue elevada a escritura pública, pero pese a ello vendió los pisos que pensaba construir a 38 personas. En otra promoción similar de la misma localidad, los afectados no recuperaron las cantidades recibidas, el acusado llegó a vender una misma casa a diferentes compradores y la construcción fue concluida por otra empresa, por lo que los afectados tuvieron que pagar un precio superior al inicialmente pactado. En sus informes, los abogados que ejercen la acusación han destacado que el acusado llevó a cabo un "engaño suficiente" contra los compradores, familias trabajadoras a las que primero "vendió humo" y para las que organizó "una puesta en escena y un teatro".

El abogado Rafael García ha afirmado a los jueces que el engaño se extendió hasta la rescisión de contrato firmado con algunos de los compradores, a los que el promotor ofreció esa solución cuando se había creado la correspondiente alarma social y los afectados "veían ya imposible la construcción de sus viviendas". Incluso a ellos, el acusado no les devolvió el dinero comprometido y siguió cobrando las letras, ha afirmado. El letrado defensor, Benito Saldaña, ha negado que su cliente tuviese dolo o voluntad de engañar y ha afirmado que "si el acusado no hubiese sido detenido, quizá se habrían arreglado las cosas", pues todos sus gestos demuestra que "hizo todo lo que pudo por construir".

La primera promoción se detuvo por la existencia en la finca de una vía pecuaria, pero aún así el acusado "hizo todo lo que pudo por construir", llegó a invertir 250.000 euros y acudió al banco a negociar un préstamo, soluciones "que no realiza quien buscar estafar". El problema, según Saldaña, es que "llegó un momento en que le superaron los problemas", con manifestaciones de afectados en los que llegó a intervenir la Policía y a ser grabadas por las cadenas de televisión.