La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) promueve por vía de urgencia la expropiación forzosa de diversas fincas en los términos sevillanos de Mairena del Aljarafe, Almensilla, Palomares, Coria del Río, Bollullos de la Mitación y Bormujos, con motivo del proyecto de restauración ambiental del arroyo Riopudio, que atraviesa de norte a sur la comarca sevillana del Aljarafe y cuya recuperación quedó paralizada en 2010.
En aquellos momentos, la Junta de Andalucía había asumido el proyecto al haber conseguido las competencias sobre la cuenca del Guadalquivir, extremo finalmente declarado inconstitucional con la devolución al Estado de tales competencias.Según la documentación recogida por Europa Press, hay un total de 14 fincas afectadas: dos en Bormujos, tres en Bollullos, dos en Mairena, cuatro en Almensilla, dos en Palomares y una en Coria. La superficie total de expropiación definitiva es de 22.998,52 metros cuadrados. Se ha convocado a los propietarios al levantamiento de las actas previas a la ocupación en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe el próximo 12 de marzo.
El proyecto de restauración del arroyo Riopudio, una histórica reivindicación de la comarca del Aljarafe, se remonta a 2007, cuando la CHG adjudicó a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Ingeniería Forestal S.A. y Floresur S.L., por 10.819.648 euros, la regeneración ambiental del cauce. Las obras comprendían el acondicionamiento del mismo, la creación de taludes para proteger las márgenes, la instalación de once pequeños diques para estabilizar el lecho del río y la restauración de la cubierta vegetal. Igualmente, la actuación contemplaba la creación de un sendero público a lo largo de las dos márgenes del arroyo con una longitud de 34.038,99 metros.Pero en 2009, la Agencia Andaluza del Agua asumió esta intervención, y otras muchas, al haber sido transferidas a la administración autonómica las competencias de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, merced al artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Ya en julio de 2010, los miembros de la Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe avisaban de que los trabajos de restauración estaban "prácticamente paralizados" y el Gobierno andaluz anunciaba un "rediseño" de esta actuación.
Después de esto, devino la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara la inconstitucionalidad del artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, precisamente el artículo que reservaba a Andalucía las competencias exclusivas de la cuenca del Guadalquivir en el territorio de esta comunidad. Las competencias retornaron finalmente al Estado con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir como órgano gestor.Así, la CHG anunciaba actuaciones en materia de agua por valor de 119 millones de euros gracias a una nueva asignación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), correspondiendo 31 de estos millones de euros a actuaciones que la administración andaluza dejó pendientes durante los años en los que ostentó las competencias sobre el río Guadalquivir.
La restauración del arroyo Riopudio figura precisamente entre estas actuaciones.
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